Como si el tiempo no hubiese pasado, como si siguiéramos estacionados en las
épocas de horror del duartismo asesino, en Veracruz la violencia contra los
periodistas forma parte de un escenario que ni por equivocación cambió en algo
con las dos alternancias de gobierno registradas desde entonces.
La mañana de este jueves, el reportero y locutor Jacinto Romero Flores fue
emboscado y ejecutado a balazos en la comunidad de Potrerillo del municipio de
Ixtaczoquitlán, colindante con Orizaba. Zona asolada desde hace años por la
delincuencia organizada asentada ahí por su ubicación estratégica, ya que
conecta directamente con los estados de Puebla y Oaxaca.
Romero Flores era un reportero conocido principalmente gracias a su trabajo en la
radiodifusora Ori Stereo, una de las más escuchadas en toda la región. Además,
realizaba transmisiones por su cuenta a través de Facebook, herramienta cada
vez más utilizada por periodistas y comunicadores ante el declive de los medios
tradicionales como fuente única de información para la población.
El asesinato artero no surgió de la nada. El propio Jacinto Romero había
denunciado amenazas en su contra desde el pasado mes de marzo por parte de
autoridades municipales y de elementos policíacos, por lo que había solicitado el
apoyo de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP),
que tras el cambio de consejeros el pasado mes de diciembre ha retornado a sus
orígenes… pero de inutilidad. Eso sí, son muy rápidos para publicar esquelas.
Mismo caso con el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. El crimen no le
mereció al que cobra como gobernador más que un párrafo en una publicación en
redes sobre actividades generales del día, sin mencionar el nombre de la víctima y
mucho menos que había sido privada de la vida. Para el funcionario, bastó con
señalar que estaban “tras los agresores del atentado (sic) contra un reportero en el
municipio de Ixtaczoquitlán”.
Suman con Jacinto Romero Flores cuatro los periodistas asesinados en lo que va
del sexenio de Cuitláhuac García: Jorge Celestino Ruiz Vázquez en el municipio
de Actopan en agosto de 2019, María Elena Ferral Hernández en Papantla en
marzo de 2020; y en septiembre de ese mismo año Julio Valdivia en Tezonapa.
Este último, además, con lujo de saña.
Y no, no es casualidad. La violencia contra periodistas en todo México es
sistemática, cotidiana y feroz. El conteo de la organización de defensa de la
libertad de expresión Artículo 19 registra 21 reporteros asesinados en lo que va
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en función de su labor informativa,
que con el crimen de Jacinto Romero aumentarían a 22.
Pero no hay que olvidar que apenas en el pasado mes de julio, el Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la
Secretaría de Gobernación entregó un informe -a petición expresa de López
Obrador- en el que registraba el asesinato de 43 periodistas en México en lo que
iba del sexenio hasta ese momento. Todavía no ocurría la ejecución de Ricardo
López Domínguez en Sonora.
¿Quién es el responsable de esta situación de horror inacabable para quienes
ejercemos la labor informativa? Pues sin duda que hay culpables directos en cada
caso. Los perpetradores, los que asesinan y mandan asesinar periodistas. Mismos
que prácticamente en su totalidad gozan de impunidad.
Pero el régimen no puede evadir su propia responsabilidad en la creación de las
condiciones, del telón de fondo y sobre todo de la narrativa para que cualquiera
considere fácil y barato matar a un reportero en México.
Con un presidente que diariamente denuesta, ataca, denigra, difama, estigmatiza
a los periodistas, y que en vergonzosos alardes de incontinencia los expone a la
violencia digital y hasta física de sus huestes, sin importarle siquiera que algunos
hasta estén amenazados por realizar su trabajo, ¿qué otra cosa podíamos esperar
que pasara?
Si algo cambió, fue para peor.
Emergencia, sin recursos para enfrentarla
El Consejo Estatal de Protección Civil de Veracruz aprobó solicitar al gobierno de
la República la declaratoria de emergencia para la entidad ante el impacto del
huracán “Grace” que se espera para las próximas horas en territorio veracruzano.
Pequeña duda: ¿como para qué va a servir dicha declaratoria, si los recursos del
Fonden ya no existen, porque se los engulló la megalomanía insensata?
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